Contrato de trabajo vs Locación de servicios

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Contrato de trabajo vs Locación de servicios

Mensaje por Carla Natalia Comini el Lun Feb 15, 2010 12:46 pm

DERECHO LABORAL – CONTRATO DE TRABAJO – LOCACIÓN DE SERVICIOS – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – PRUEBA.
“COWEN PATRICIA ALICIA C/ CLINICA BAZTERRICA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”.
CÁMARA LABORAL de BS. AS. , Sala X , SENT.DEF.Nº: 13224 - EXPTE. Nº: 26.380/02 ( 19.086 ). Proveniente de JUZGADO Nº: 55.
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2004
El Dr. HECTOR J. SCOTTI dijo:
I. Llegan los autos a conocimiento de esta Alzada a propósito de los agravios vertidos por el idóneo contable, la codemandada Bazterrica S.A., la codemandada Nemanur S.A. y su representación letrada, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 310, fs. 313/327, fs. 332/342 y fs. 344, respectivamente. Las réplicas se encuentren glosadas a fs. 347/349 y fs. 350/353.
El experto contable y la representación letrada de la coaccionada Nemanur S.A. recurren los estipendios que fueran fijados en su favor por entenderlos exiguos.
La coaccionada Bazterrica S.A. discute la existencia de la relación laboral y se agravia por la aplicación de la presunción prevista en el art. 23 LCT a pesar de que la actora era profesional universitaria, argumentando que el vínculo que unió a las partes encuadra en una locación de servicios. Asimismo, resalta que -a lo largo de la relación- la demandante nunca efectuó reclamo alguno y, por lo tanto, su accionar contraría la doctrina de los actos propios. Paralelamente, apela el acogimiento de las multas de la Ley Nacional de Empleo, porque la reclamante omitió notificar a la AFIP y consignar su real remuneración en la misiva intimatoria; sin perjuicio de lo cual solicita la aplicación de las previsiones del art. 16 del mencionado cuerpo normativo y se agravia por el modo de cálculo de la duplicación dispuesta por la ley 25.561. Finalmente, recurre la tasa de interés aplicada al monto de condena, las costas y la totalidad de los emolumentos regulados por considerarlos elevados.
La codemandada Nemanur S.A. reitera los agravios incoados por la otra reclamada pero discute, además, el cálculo de la indemnización por antigüedad y de la reparación del art. 8 de la L.N.E. y el acogimiento del resarcimiento establecido por el art. 2º de la ley 25.323.
II. Por una cuestión de orden lógico, comenzaré por ocuparme de la queja que versa sobre la naturaleza del vínculo habido entre las partes, adelantando mi opinión en el sentido que la misma no debe tener favorable acogida por la razones que a continuación detallo.
En primer lugar, cabe destacar que la actora, de profesión médico, efectuaba tareas en la sede de las demandadas -dicho en otras palabras: la prestación de servicios en su favor- a cambio de una remuneración, por lo cual se torna plenamente aplicable la presunción contenida en el art. 23 de la LCT, esto es que cabe presumir la existencia de un contrato de trabajo salvo que se alegue y demuestre lo contrario.
A su vez, cabe recordar -a raíz del hincapié que realizan las accionadas sobre el tema- que ésta Sala ha mantenido su posición en el sentido de que para hacer jugar la presunción plasmada en el artículo citado no resulta necesario probar la existencia de relación de dependencia (ver voto del Dr. Simón en autos “Barceló Peirano Julio y otros c/ Tarraubella” del 19/7/96 en DT 1996-B-p.3030, cuyos términos doy por reproducidos en honor a la brevedad, y en igual sentido: SD 594 del 13/11/96 in re “Oro José M. c/ Avda. Córdoba 4625 SRL s/ despido”, entre muchos otros).
Cabe agregar, además, que la circunstancia de que la accionante fuese una profesional universitaria no empece, de modo alguno, la posibilidad de establecer una relación laboral de tipo dependiente, ya que aun las profesiones tradicionalmente consideradas como liberales han sufrido sensibles modificaciones en su desenvolvimiento e insersión en el campo social, pudiendo afirmarse que la excepcionalidad que antes se asignaba al desempeño como dependiente de personas con esa capacitación o habilitación, hoy ya es un fenómeno común. La mera circunstancia de que la actora sea un profesional no permite inferir, por esa sola condición, que no haya podido estar a órdenes de las demandadas, ni que no sea aplicable la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T. (en este sentido, CNAT, Sala X, sent. 213 del 16/9/96, in re “Lopez Gay, Cristina c/ Congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones y otro”; id. Sala II, sent. 69691 del 31/3/92 in re “Pellegrini, Silvia c/ Iglesias Blanco José”). En este sentido, también se ha afirmado, en términos con los que coincido, que el ejercicio de una profesión liberal llega a constituir un verdadero contrato de trabajo cuando se desarrolla como función de colaboración permanente, con vínculo continuado y evidente jerarquización, obligándose al profesional a acatar y cumplir las órdenes del empleador, aunque no exista dependencia técnica, sin tener relevancia el hecho de calificar de “honorarios” a las periódicas entregas de dinero efectuadas por el principal (conf. CNAT, Sala VIII, sent. 20720 del 23/8/94 in re “Moncayo Sandra c/ F.Es. Vi.”).
En otras palabras, como lo he explicado anteriormente, no comparto la postura que se inclina por sostener la inaplicabilidad de la presunción del art. 23 LCT a los profesionales universitarios, ya que no advierto cuál podría ser la razón para que el hecho de obtener un diploma a ese nivel lo prive de hacer jugar en su favor una norma que rige para todos quienes quieren demostrar la existencia de una relación de trabajo.
Entonces, más allá de la apariencia que le haya dado la empleadora a la relación que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre que las partes le hayan dado. Corresponde al juzgador determinar, en base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo (conf. SCBA, 9/11/77, Ac.23767).
En tal sentido, si bien los profesionales (en rigor, todas las personas) pueden escoger celebrar con otras o con una persona jurídica un contrato de trabajo o de locación de obra o mandato, para determinar cuál ha sido la vinculación escogida por las partes, habrá que estar a la sustancia de lo convenido y no a la calificación que, de buena o mala fe, le hayan otorgado o a la existencia de equívocos signos exteriores.
Es obvio que cualquier persona que resulte propietaria de una “cosa” es libre de formalizar, con otra, un contrato de compraventa, de locación de cosas, de depósito o de mutuo, entre otros; pero si mediante ese acuerdo se transmite el dominio de esa cosa en favor del otro contratante a cambio de un precio, es evidente que ambos escogieron realizar una compraventa, sea cual fuere la denominación que le hubieran dado o la creencia, aún de buena fe, de que han celebrado una figura distinta.
Y así como los contratos mencionados poseen una definición que los tipifica en el ámbito civil (arts. 1323, 1493, 2182 y 2240 Cód. Civil), el de trabajo subordinado también la posee: arts. 21 y 22 LCT, debiendo presumirse su configuración ante la prestación de servicios en favor de otro, salvo determinadas condiciones y circunstancias.
Así, repito, reconocida por las demandadas la prestación de servicios por parte de la reclamante, se crea una presunción inicial favorable al dependiente que invoca la protección de las leyes laborales. Por aplicación del art. 23 de la LCT, debe presumirse la existencia de un contrato de trabajo, salvo que se pruebe otro tipo de vínculo jurídico que desplace esta calificación que surge de proyectar el aludido artículo.
Entonces, correspondía a las accionadas demostrar que la actora no era dependiente suya sino que era otra la relación que los ligaba, tarea que -a mi juicio- lejos están de haber logrado.
Ello así, en primer lugar, porque la explicación esgrimida por las demandadas consiste en sostener que la relación que las unió con la demandante debe ser excluída del ámbito de aplicación de la normativa laboral por haberse tratado de una “locación de servicios”.
A ello cabe responder que esta Cámara ha manifestado en reiteradas oportunidades -en concordancia con la propia doctrina civilista- que la figura de la locación de servicios ha sido sustituida por la del contrato de trabajo, por cuanto “...siguiendo la tradición romanística nuestro código llama a este contrato -refiriéndose al contrato de trabajo- ‘locación de servicios’, ‘locatario, arrendatario o inquilino’ al que contrata el servicio y paga su precio y ‘locador’ al que lo presta (Art. 1943). Es una terminología anacrónica, basada en circunstancias históricas desaparecidas” (Borda Guillermo A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Contratos, Tomo II, págs. 9 y sgtes.).
En este sentido es que se ha dicho que “...no resulta hoy acertado el sistema del Código Civil cuando, para referirse al contrato de trabajo, recurre al vocablo ‘locación’. El derecho romano ha hecho su época. Allí era posible decir que tanto se arrendaba una cosa como el trabajo ajeno. Hoy es una injuria mencionar al trabajo humano como si se tratara de una cosa” (Spota Alberto G., Instituciones de Derecho Civil, Contratos, Vol. V, págs. 158 y sgtes.); por lo que cabe concluir, como lo ha dicho Louis Josserand, que “...el contrato antes llamado de arrendamiento de servicios ha conquistado su autonomía, ha devenido en el contrato de trabajo” (cfr. Devealí, Mario, Tratado de Derecho del Trabajo, tomo I, págs. 412/413, quien lo cita), al cual -en principio- se le aplica la Ley de Contrato de Trabajo, con las excepciones contempladas en el art. 2º. Ello así, pues no existe un tercer género, la locación de servicios, autónomo (conf. SD Nº 9830 del 23/8/01, dictada en autos “Torres María del Pilar c/ Harss Guillermo y otro s/ despido”, entre muchos otros).
Demás está decir, que más allá de la defensa antes analizada y -que como expliqué resulta inviable- las demandadas no han aportado prueba alguna que acredite que la relación que la unía con el accionante se encontraba fuera del ámbito del derecho del trabajo y que los servicios prestados fueran los propios de un trabajador autónomo y/o empresario (conf. Carlos Pose en “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. Grimberg, pág. 56) para de esa forma desvirtuar la presunción operante. Muy por el contrario, de las constancias de autos -más precisamente de las mismas testimoniales a las que hacen referencia las propias quejosas- surge que el vínculo estuvo signado por las características propias de un contrato de trabajo, incluso y aunque ellas lo nieguen en cuanto al sometimiento de la accionante a la dirección -ordenes e instrucciones- de las demandadas, es decir, a la subordinación jurídica; prueba cabal de lo cual resulta ser que, por ejemplo, la demandante no tenía la facultad de elegir a qué pacientes atender.
En suma, parece claro que si la actividad principal de las demandadas consiste, obviamente, en prestar asistencia médica, la médica vinculada a ella, que cumplía sus tareas en forma habitual en la sede de la misma (lo que surge claramente de las declaraciones que fueran transcriptas en la sentencia de origen) y que recibía “coordinaciones imprescindibles para la interrelación organizativa de sus servicios” (ver memorial de la codemandada Bazterrica S.A.), se encontraba ligada por un vínculo de subordinación en los términos de los arts. 21, 22 y 23 LCT, dado que estaba integrada, junto con otros medios personales y materiales a la empresa (entendida esta bajo la conceptualización del art. 5 LCT) para el logro de los fines de la misma (CNAT Sala IV, SD 70.244 del 21/3/94 in re “Esteve Marcia c/ Inst. Arg. del Riñon y Transplantes”; en igual sentido: esta Sala SD Nº 1726 del 30/5/97 “Annetto Miguel A. R. c/ Obra Social de Artistas de Variedades s/ despido”).
Restaría manifestar que carece de todo asidero legal lo expuesto por la recurrente en cuanto a la aplicación de la teoría de los actos propios ya que sabido es que las normas de derechos del trabajo y los derechos que las mismas reconocen, por su carácter de orden público, no pueden ser renunciados por el trabajador en su perjuicio y, por ende, resulta completamente irrelevante que la actora haya “consentido la situación” por no efectuar reclamo alguno a lo largo del vínculo.
Por otro lado, más importante aún para descartar ese argumento del memorial, referido a la falta de reclamos ante la omisión de beneficios propios de una relación laboral, que -debe admitirse- es utilizado con alguna asiduidad en distintos niveles tanto de la doctrina como de la jurisprudencia y al que suele otorgársele valor al menos corroborante de la inexistencia de un contrato de trabajo, resulta ser la titpificación legal del vínculo a la que hice referencia anteriormente. Es que, volviendo al ejemplo antes relatado, si una persona le transmitió a otra el dominio de una cosa a cambio de un precio, celebró una compraventa, por más que durante mucho tiempo haya creído (por ignorancia propia, por engaños o por cualquier otra razón) que se trataba de un depósito gratuito o un mutuo o un arrendamiento y puede, desde ya, reclamar todos los derechos emergentes de su calidad de vendedor. Obviamente, si se invoca (y se demuestra, desde luego), la configuración de un nexo laboral, a lo expuesto debe añadirse que los arts. 12 y 58 LCT tornan irrelevante el silencio del dependiente (esta Sala SD 1.991 del 18/7/97, dictada en autos “Tevez Alberto c/ Greco Daniel E. y otro s/ despido”).
Por todo ello, no cabe más que confirmar lo decidido en este aspecto en la sentencia atacada.
III. Sí le asiste razón, en cambio, a la accionada Nemanur S.A., en lo que hace al cálculo de la indemnización del art. 245 LCT, toda vez que -de acuerdo a lo que llega firme a esta instancia- la accionante percibía un salario de $760 mensuales y laboró desde diciembre de 1985 a junio de 2002 (12 períodos), por lo que la reparación en cuestión asciende a la suma de $12.920.
IV. Igual suerte correrá el agravio referido a la aplicación de la multa prevista por el art. 8 de la ley 24.013.
En efecto, la demandante no ha dado cumplimiento al recaudo exigido por el art. 11 de la mencionada ley (modif. por ley 25.345), consistente en “remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia” del requerimiento de regularización de los registros laborales.
Sin perjuicio del criterio amplio propiciado por este Tribunal en cuanto al plazo de cumplimiento del mencionado requisito, la omisión total del mismo obsta a la viabilidad del resarcimiento en cuestión y, por lo tanto, sugiero modificar éste aspecto de la sentencia apelada.
Debo aclarar, atento lo manifestado en los respectivos escritos recursivo que ni el incumplimiento antes analizado ni el relativo a la consignación de la real remuneración obstan a la viabilidad de la reparación establecida en el art. 15 de la ley 24.013, habida cuenta que los requisitos exigidos por el art. 11 de dicho cuerpo normativo operan solamente con relación a “Las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10” (en tal sentido, SD Nº 10.787 del 27/6/02, in re “Milessi Juan A. c/ Teb S.R.L. y otros s/ despido”).
V. No considero procedente la reducción de las indemnizaciones previstas por la ley 24.013, en virtud de lo establecido por el art. 16 de dicho cuerpo normativo, habida cuenta que no encuentro cuál sería la circunstancia particular (sin que tampoco la hayan puesto de resalto o precisado las recurrentes) que tornaría dudosa la aplicación de la normativa laboral al supuesto de autos ya que de las constancias de la causa surge que un individuo puso su fuerza de trabajo al servicio de otro, sin que se observe extremo alguno que autorice a aplicar la disposición plasmada en el artículo antes citado; por ejemplo, la demostración, por parte de las demandadas, de que, efectivamente, el actor era titular de una “empresa” en los términos del art. 5 de la LCT para poder de esa manera considerarlo “empresario” y excluirlo del ámbito de la legislación del trabajo.
VI. En cuanto a los “items” tomado en cuenta para determinar el monto de la duplicación dispuesta por la ley 25.561, considero que le asiste razón solo en parte a las codemandadas.
Ello así porque, a excepción de las multas previstas por la Ley Nacional de Empleo que, como se ha dicho anteriormente, por constituir multas al empleador por incumplimiento registral carecen de naturaleza indemnizatoria, los restantes rubros incluidos (Preaviso, integración mes de despido, vacaciones art. 156 LCT) sí deben ser duplicados, incluso el incremento establecido por el art. 2º de la ley 25.323, habida cuenta que el mismo configura un incremento de las indemnizaciones por despido (en este sentido SD 11623 del 11/04/03 in re “Alvarez Hernando c/ A.G. Limpieza Integral S.A. y otro”, SD 12739 del 31/05/04 en autos “Francese Alejandro Pablo c/ Hidraulica Mileto S.A. y otro”).
En consecuencia, el monto de la duplicación asciende a la suma de $25.214,50.
VII. No resulta atendible lo manifestado por las quejosas en referencia al incremento de la indemnización por despido dispuesto por la ley 25.323, porque no existe disposición legal alguna que limite la aplicación de lo establecido por el art. 2º de la ley antes mencionada a los supuestos de despido directo, excluyendo por tanto los casos de despido indirecto, el artículo solo hace referencia a los despidos incausados, tanto cuando sean concretados por el empleador como cuando el dependiente deba poner fin al vínculo por alguna conducta injuriosa de aquel.
Si el referido artículo hace mención particular del art. 245 (entre otros) no se debe a que el legislador haya tenido la intención de limitar la aplicación sino porque en dicha norma de la Ley de Contrato de Trabajo se establece cuál será la indemnización por antigüedad para el despido incausado (una de las que deberán ser incrementadas) que será de aplicación tanto cuando fuera dispuesto por el empleador (directo) como cuando fuera articulado por el trabajador (indirecto, art. 246).
Dicho de otra manera, cuando correspondiere al trabajador percibir la indemnización dispuesta por el art. 245 de la LCT (sea por despido indirecto o directo) y se dieran los restantes extremos enunciados procederá el incremento.
VIII. De acuerdo a las razones expuestas en los capítulos precedentes, corresponde reducir el monto diferido a condena a la suma que resulta de la liquidación que, a continuación, detallo; Indem. por Antigüedad: $12.920; Preaviso: $1.520; Integración: $760; SAC 1º Sem. ‘02: $475; SAC s/ preaviso: $127; Meses Adeudados: $2.470; Indem. art. 15 L.N.E.: $15.200; Indem. art. 2º ley 25.323: $7.600; Duplicación art. 16 ley 25.561: $22.800.
Todo ello arroja un total de $63.872, suma que llevará, en base al criterio expuesto por la Cámara en pleno en el Acta 2357 del 7/5/02 - ref. por Res. Nº 8/2002- un interés del 12% anual desde que cada crédito es debido, hasta el 31/12/01 y a partir del 1/01/02 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara (C.N.A.T. Acta Nro. 2357 del 7/5/02 modif. por Res. Nº 8/2002).
IX.a. A la luz de la solución propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, por lo que deviene abstracto el tratamiento de los recursos incoados al respecto.
En consecuencia, sugiero imponer las costas de Ambas instancias en un 70% a cargo de las demandadas y en un 30% a cargo de la actora, en base al éxito obtenido por cada una de ellas (art. 71 C.P.C.C.N.) y fijar, de acuerdo al mérito y extensión de las labores desarrolladas, las pautas arancelarias vigentes y las facultades otorgadas por el art. 38 de la L.O., los emolumentos de la representación letrada de la actora, de la codemandada Bazterrica S.A., de la codemandada Nemanur S.A. y del perito contador, en las sumas de $13.500, $14.500, $14.500 y $3.600, respectivamente, a valores actuales.
IX.b. Finalmente, propongo regular los honorarios de la representación letrada de las codemandadas y de la accionante, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 38 L.O.).
X. Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y, en consecuencia, reducir el monto diferido a condena a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 63.872), que llevará un interés del 12% anual desde que cada crédito es debido, hasta el 31/12/01 y a partir del 1/01/02 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara; 2) Imponer las costas de ambas instancia en un 70% a cargo de las demandadas y en un 30% a cargo de la actora; 3) Fijar los emolumentos de la representación letrada de la actora, de la codemandada Bazterrica S.A., de la codemandada Nemanur S.A. y del perito contador, en las sumas de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($13.500), PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500), PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500) y PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600), respectivamente, a valores actuales; 4) Confirmar la sentencia atacada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de las codemandadas y de la accionante, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior.
El Dr. GREGORIO CORACH dijo:
Por compartir los fundamentos del voto precedente adhiero al mismo.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y, en consecuencia, reducir el monto diferido a condena a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($63.872), que llevará un interés del 12% anual desde que cada crédito es debido, hasta el 31/12/01 y a partir del 1/01/02 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara; 2) Imponer las costas de ambas instancia en un 70% a cargo de las demandadas y en un 30% a cargo de la actora; 3) Fijar los emolumentos de la representación letrada de la actora, de la codemandada Bazterrica S.A., de la codemandada Nemanur S.A. y del perito contador, en las sumas de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($13.500), PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500), PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500) y PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600), respectivamente, a valores actuales; 4) Confirmar la sentencia atacada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de las codemandadas y de la accionante, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior; 6) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. ANTE MI: M.J.M.

Comentario a fallo: Locación de servicios y relación de dependencia (24/11/2004).

La Cámara Laboral afirmó que más allá de la apariencia que le haya dado la empleadora a la relación que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre que las partes le hayan dado.
Así juzgo, en autos caratulados “Cowen, Patricia Alicia c/ Clínica Bazterrica S.A. y otro s/ despido”, la Sala X de la Camara Laboral, ante la apelación deducida por la Clínica, que sostenía la inexistencia de relación laboral con la actora dado que –en su opinión- la misma debía encuadrarse en una locación de servicios, debido a que la actora era una profesional universitaria.
Se determinó que la actora –medica de profesión-, realizaba sus tareas en la sede de la demandada (o sea una prestación de servicios en su favor) a cambio de una remuneración, por lo cual ”se torna plenamente aplicable la presunción contenida en el art. 23 de la LCT, esto es que cabe presumir la existencia de un contrato de trabajo salvo que se alegue y demuestre lo contrario”.
El tribunal aseveró que ”para hacer jugar la presunción plasmada en el artículo citado no resulta necesario probar la existencia de relación de dependencia”. Ante ello indicaron que la Cámara ha dicho en reiteradas oportunidades -en concordancia con la propia doctrina civilista- que ”la figura de la locación de servicios ha sido sustituida por la del contrato de trabajo, por cuanto “...siguiendo la tradición romanista nuestro código llama a este contrato -refiriéndose al contrato de trabajo- ‘locación de servicios’, ‘locatario, arrendatario o inquilino’ al que contrata el servicio y paga su precio y ‘locador’ al que lo presta (Art. 1943)”. Y establecieron que ”es una terminología anacrónica, basada en circunstancias históricas desaparecidas”.
La Cámara sostuvo que no resulta hoy acertado el sistema del Código Civil cuando, para referirse al contrato de trabajo, recurre al vocablo ‘locación’. ”El derecho romano ha hecho su época. Allí era posible decir que tanto se arrendaba una cosa como el trabajo ajeno. Hoy es una injuria mencionar al trabajo humano como si se tratara de una cosa”.
Finalmente, la Cámara determinó que más allá de lo antes expresado, la demandada no aportó prueba alguna que acreditara que la relación que la unía con el accionante se encontraba fuera del ámbito del derecho del trabajo y que los servicios prestados fueran los propios de un trabajador autónomo y/o empresario para de esa forma desvirtuar la presunción operante.
Por otra parte, entendieron que la circunstancia de que la accionante fuese una profesional universitaria no traba de modo alguno, la posibilidad de establecer una relación laboral de tipo dependiente, ya que aún las profesiones tradicionalmente consideradas como liberales han sufrido sensibles modificaciones en su desenvolvimiento e inserción en el campo social, ”pudiendo afirmarse que la excepcionalidad que antes se asignaba al desempeño como dependiente de personas con esa capacitación o habilitación, hoy ya es un fenómeno común”.
”el ejercicio de una profesión liberal llega a constituir un verdadero contrato de trabajo cuando se desarrolla como función de colaboración permanente, con vínculo continuado y evidente jerarquización, obligándose al profesional a acatar y cumplir las órdenes del empleador, aunque no exista dependencia técnica, sin tener relevancia el hecho de calificar de “honorarios” a las periódicas entregas de dinero efectuadas por el principal”.
La Cámara afirmó que más allá de la apariencia que le haya dado la empleadora a la relación que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre que las partes le hayan dado. Además de agregar que, en todo caso, corresponde al juzgador determinar, en base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo.-

Carla Natalia Comini
Novel

Mensajes : 26
Fecha de inscripción : 07/02/2010

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.