Modelo demanda por incapacidad laboral inconstitucionalidad ley 24557

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Modelo demanda por incapacidad laboral inconstitucionalidad ley 24557

Mensaje por Carla Natalia Comini el Lun Feb 15, 2010 12:41 pm

DEMANDA POR INCAPACIDAD LABORAL
REPARACIÓN INTEGRAL
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 24.557

Sr. Juez:
……….., abogada, con fianza vigente para el ejercicio de la profesión, constituyendo domicilio ad litem en………, ante V.S. me presento y digo:

I. PERSONERÍA
Que tal como lo acredito con el poder especial acompañado, soy apoderada de la Sra. , domiciliada en calle de ésta ciudad y cuyos demás datos obran en el referido instrumento de procura y doy por reproducidos.-

II. OBJETO
Que en el carácter y la representación invocada vengo a promover formal DEMANDA POR COBRO DE PESOS fundada en la INCAPACIDAD LABORAL de mi poderdante contra …………... con domicilio en calle Córdoba… y contra LA CAJA ART S.A. con domicilio en calle Mitre 597, ambas de esta ciudad de Rosario, estimándose el monto de dicha reparación en la suma de PESOS ………. ($........) aproximadamente y/o lo que surja de la prueba a rendirse en la etapa procesal oportuna y/o en lo que el elevado criterio de V.S. así lo determine, con más los intereses detallados infra y costas. Asimismo, se SOLICITA SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 24.557 y DEL DECRETO 410/01, en la parte del articulado que se explicitará a continuación; todo ello en base a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer:

III. HECHOS y FUNDAMENTOS
El reclamo resulta como consecuencia de la incapacidad física y psíquica derivada de la relación laboral que mi mandante mantuvo con la codemandada ……….. En efecto, la Sra. Alejandra Garcia ingresó a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de la firma ….” en fecha 01.07.1990. Pasó luego, en el año 2000 a formar parte del plantel del personal de su continuadora, “CMR ARGENTINA S.A”, desempeñándose hasta ese momento como administrativa. Luego en el mes de Octubre del 2000 hasta la fecha del distracto desempeñó tareas de repositora para “Pepe S.A.” en la sección de empaque.
Al ingresar a las ordenes de la demandada, se encontraba en perfecto estado físico y psíquico, totalmente sana y sin incapacidad laborativa alguna.
En la sección de empaque o reposición cumplía tareas de subir y bajar prendas en gran cantidad del depósito hacia la sección a reponer las mismas, por ende estaba siempre parada o moviéndose de un lugar a otro. Cabe recalcar que frente al peso que debía cargar no existía ninguna medida de seguridad por parte de la empresa, es decir, entre otras, fajas para proteger la columna. Las tareas realizadas fueron incidiendo directamente en su salud, teniendo su detonante en el año 2006, aunque en el año 2001 tuvo su primera licencia por 15 días a raíz de fuertes dolores de cintura En la empresa demandada existen certificados médicos otorgados por la ……… por dichas dolencias (columna) que le impedían moverse o realizar movimiento alguno, como también por el servicio de emergencia de ECO.
El vínculo laboral se prolongó hasta el Septiembre de 2006, fecha en la cual se produjo el distracto de la relación laboral. Con todo esto se quiere recalcar que la causa de su incapacidad fueron las tareas realizadas, las que incidieron directamente constituyendo el nexo causal.
El trabajo desarrollado por la actora requirió naturalmente de notable esfuerzo, dedicación y atención, los cuales por el género de la actividad escapan a los índices normales, y se caracterizan por una importante tensión, siendo el ambiente laboral de exigencias imperiosas lo cual tornó su labor angustiante y en exceso estresante.
Tales características laborales influyeron en forma negativa en la salud de mi conferente y fueron eficaces por sí mismas para desencadenar distintos males incapacitantes: hernia de disco, hipertensión arterial, enfermedades de carácter psíquico y psicológico.
Se puede afirmar que esa fue unas de las causas que sumadas al tiempo y a la nueva actividad trajeron como consecuencia su stress. Existió en ese momento una abrupta inadecuación de status, en donde comenzó a ocupar un puesto por debajo de su formación y/o capacidad produciendo con paso del tiempo desgano, desinterés que supone inevitablemente un malestar en el trabajador. Asimismo sufría crisis de llanto sin causa desencadenante, humor depresivo, falta de interés por las cosas, retracción social, manifestación de ideas depresivas y de angustia.
Como prueba de su incapacidad psíquica envió a Pepe dos (2) certificados médicos suscriptos por el médico psiquiatra Dr. …… quien la medicó y trató hasta que mi mandante, a raíz del distracto, se quedó sin obra social y por ende no pudo hacer frente a tales erogaciones.
En su oportunidad el médico psiquiatra expidió dos (2) certificados médicos que en fotocopia se acompañan y cuyos originales obran en poder de Pepe S.A., en donde prescribía reposo: En fecha 23/06/06: “paciente con cuadro con sintomatología compatible con trastornos depresivo asociado a ansiedad marcada. Indico interconsulta con psicóloga, tratamiento psicofarmacologico y reposo laboral por 30 días (treinta) a partir de la fecha”, y en fecha 24/07/06 “paciente cursando trastorno depresivo, inicia psicoterapia. Debe continuar tratamiento psicofármaco lógico, extiendo reposo por 30 días (treinta) días a partir de la fecha”. Lo mismo ocurrió con los problemas de lumbalgia, ya que su médica traumatóloga le prescribó que consultara directamente a un neurocirujano, y por las mismas razones expuestas (no posee cobertura de obra social) le impide realizar tratamiento u operase por tales dolencias.
Así en fecha 14/08/06 entregó a Pepe el certificado extendido por la Dra……... que establece: “Se deja constancia haber atendido a Garcia Maria Alejandra por lumbalgia que incapacita tareas habituales que requiere tratamiento medico durante 1 mes con interconsulta con neurocirujano”.
La actora tenía una remuneración mensual aproximada de PESOS NOVECIENTOS VEINTISEIS ($926.-) y su horario de trabajo era de 07:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
En tanto, en cumplimiento a las obligaciones contenidas en la ley 24.557, la codemandada Pepe S.A. procedió a tomar el correspondiente seguro por los riesgos del trabajo, en la firma aseguradora La Caja ART S.A..
En función de ello, nuestra parte procedió a notificar mediante telegrama ley Nº CD 037679087 de fecha 7/09/06, denunciando la enfermedad ante aseguradora La Caja ART S.A. la cual rechazó la cobertura, pues la enfermedad hernia de disco no se encontraba en el listado de enfermedades profesionales, mediante CD Nº 809552317 de fecha 13 de Septiembre de 2006. Lo mismo hizo respecto de la codemandada Pepe S.A. mediante Telegrama ley Nº 23.789 Nº CD 037679073 AR de fecha 7/09/06, que es rechazada mediante Carta Documento CD 79908785 7 de fecha 12 de Septiembre de 2006. En síntesis: la actora ingresó a las órdenes de la patronal sana y hoy padece las terribles enfermedades mencionadas.
Asimismo es dable señalar que nunca le efectuaron a la actora los exámenes médicos periódicos, como así tampoco de egreso los cuales están previstos y son obligatorios por la normativa vigente de Higiene y Seguridad, lo que hubiera demostrado a todas luces que la trabajadora ingresó sana y ahora a causa de dicha actividad laboral padece las dolencias ut supra mencionadas, provocándole dolores y la consecuente imposibilidad de tolerar una jornada de trabajo como la que desempeñaba.
Se destaca que la grave incapacidad que hoy sufre la actora se traduce en pérdida de ganancia (lucro cesante), ya que la referida enfermedad le ha acarreado la imposiblidad de reinsertarse en el mercado laboral, tanto para cualquier ocupación para la cual no está preparada como específicamente para la que se encuentra calificada, pero que hoy por su incapacidad no puede seguir realizando.
La relación laboral transcurrió con una serie de incumplimientos e irregularidades graves que importaban desconocer seriamente los derechos del actor que lo amparan conforme los Convenios Colectivos de Trabajo de su actividad y leyes análogas de aplicación.
La demandada incumplió la normativa que debe observar todo empleador conforme la Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo –Ley 19.587– en lo normado por los arts. 1, 4, 5 inc. F), h), y o), art. 8 inc. D) y el art. 9 inc. A), k), l) y sus concordantes, asimismo violó lo normado por la ley 24.557 y concordantes.
La empleadora violó la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nro. 19.587 en su artículo 4to. en cuanto no otorgó elementos de protección a la actora, no practicó exámenes médicos de adaptación a sus tareas, no protegió la vida, ni preservó ni mantuvo la integridad física de su trabajador, ni previno, redujo, eliminó o aisló riesgos en los puestos de trabajo donde se desempeñó la actora, no estimuló ni desarrolló actividad positiva respecto a la prevención de accidentes y/o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral, en suma incumplió con las obligaciones a su cargo, todo lo cual derivó en la incapacidad que la actora ahora detenta.
Tampoco dio cumplimiento al art. 5to. de tal ley 19.587 en especial a los apartados f) h) i) k) y o) ya que no practicó investigación de los factores determinantes y enfermedades del trabajo, ya sean físicos, fisiológicos, psicológicos, no efectuó estudios y adopción de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador, en el ámbito de sus ocupaciones, sin el adecuado control e información y experiencia del trabajo, ni observó indicaciones médicas.
No efectuó revisaciones médicas a la actora, es decir obligaciones de tipo preventivo, por cual es responsable del cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley y la reglamentación. No le hicieron los exámenes de salud en forma y tiempo que debió hacerse para con el actor tanto los periódicos, y previos al retiro del establecimiento. No orientó a la actora hacia tareas que no fuesen causales, desencadenantes y/o agravantes de perjuicios para su salud y que estuviesen acordes con sus aptitudes. No informó al Ministerio correspondiente y al Ministerio de Trabajo sobre los hallazgos patológicos de la actora que sin duda disminuían en forma permanente sus aptitudes psicofísicas.
En definitiva la accionada no hizo lo que debió hacer, es decir no tomó las medidas adecuadas para evitar el daño que a la postre se produjo. Incumplió la contraria las normas del decreto 1338/96 (art. 3) ya que su servicio de higiene y seguridad o no existe o no tuvo jamás como objetivo prevenir, en sus áreas todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización.
Las referidas enfermedades profesionales imposibilitan al actor para realizar las tareas que son de su oficio habitual, por lo que no ha de superar nunca más un examen preocupacional .
Asimismo la actora se encuentra inhabilitada para numerosas actividades de la vida cotidiana, además de las de índole laboral, como ser toda práctica deportiva, el intercambio normal entre integrantes de la vida familiar o de relaciones sociales, ya que carece de los movimientos necesarios para agacharse, levantarse, subir escalones, estar de pie durante tiempo prolongado y levantar pesos de mediana o gran dimensión, todo éste daño se traduce en una concreta incapacidad laborativa, por lo que pretende mi mandante ser indemnizada.
Hoy en día puede decirse que la situación que está atravesando es crítica: no se encuentra en buenas condiciones físicas debido que los dolores y molestias persisten, todos los días se levanta con un dolor muy fuerte en la cintura cualquiera sea la posición que adopte. No puede realizar tareas hogareñas como barrer sin dolor, asimismo el dolor se traslada a las rodillas si sube o baja escaleras, al igual si está mucho tiempo de pie , no puede realizar ni el menor esfuerzo de levantar peso ya que el dolor se torna intolerable. Esto impide entre otras cosas, ocuparse del cuidado y la atención de su hijo menor de edad, y si a todo ello le sumamos el distracto laboral y sin posibilidad de encontrar uno nuevo debido a las ya referidas molestias físicas, V.S. bien podrá apreciar por lo que se está refiriendo.
Es evidente la actitud de mala fe que asume la codemandada, especialmente la ART, quien pretende escapar de sus obligaciones dejándola en estado de abandono, y sin indemnizar la minusvalía que se origina por la enfermedad laboral. En síntesis: ha quedado totalmente desprotegida, cuando en realidad las prestaciones de cualquier sistema reparador deberían tender hacia la asistencia integral del trabajador accidentado, tanto sea mediante el reconocimiento de los gastos médico-farmacológicos, como la rehabilitación, apoyo para el retorno al trabajo y la reparación de la minusvalía sufrida, para lo cual se han hecho las aportaciones correspondientes.

PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD del ART. 46 inc. 1 de la Ley 24.557. SOLICITA SE DECLARE LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PROVINCIAL
Que V.S. es competente para entender en los presentes autos a tenor de la jurisprudencia de la CSJN la cual se ha expedido a favor de la incompetencia de la Justicia Federal para entender en causas vinculadas a reparaciones por enfermedades e infortunios acaecidos por el hecho o en ocasión del trabajo. Conforme los precedentes del Superior Tribunal de la Nación, en jurisprudencia vinculante para el resto de los Tribunales inferiores, pretende ésta parte la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 de la ley 24557 conforme tal criterio jurisprudencial de aplicación obligatoria:
"… Es inconstitucional el art. 46 inc. 1 de la ley 24557 en cuanto dispone la competencia de la Justicia Federal para entender en los recursos deducidos contra las resoluciones de las comisiones médicas provinciales, pues no resulta constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias propias del derecho común –en el caso, accidentes laborales–, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, ya que lo contrario implicaría reconocer que las pautas limitativas que fija la Carta Magna cuando se trata de derecho común, referidas a la aplicación de esas normas por los tribunales de provincia si las cosas o las personas caen bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser dejadas de lado por la mera voluntad del legislador." (CSJN, 07.09.2004, “Castillo Angel C/ Cerámica Alberdi”, LA LEY 2005-A, 259).
En fin, y para no abundar en tema tan trillado, se trata de una cuestión entre el trabajador y el empleador prevista en el art. 2 inc. c) g) y sgtes. de la Ley 7.945 y art. 78 LOPJ (Ley 10.160), art. 20 de la Constitución de Santa Fe (especialidad de fuero), por lo que resulta clara la competencia del Juzgado de Trabajo, que de no asumirla incurriría en denegación de justicia.

PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD de la LEY 24.557 en sus artículos 5, 6 y 39 incs. 1 y 2; art. 75 de la LCT
El art. 39 inc. 1 y 2, art. 6 de la ley 24557 y 75 LCT modificado por la ley 24557 son inconstitucionales. a) La cuestión básicamente se plantea en el sentido que las normas referidas violentan el art. 31, 16, 75 inc. 22 y 23, 18, 19 de la Constitución Nacional y sus concordantes de la Constitución Provincial, efectivamente el referido artículo viola: A.- Las facultades no delegadas y las expresamente reservadas; B.- Derecho de igualdad ante la ley; C.- Principio "alterum non laedere"; D.- Derecho de Propiedad. E.- Jueces Naturales y Debido Proceso; F.- El derecho a la jurisdicción; G.- Exclusividad del poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción, es discriminatorio y además viola los pactos internacionales de DDHH (Derechos Humanos).
Que la aplicación taxativa del artículo referido (art. 39 Ley 24.557) resulta discriminatorio en el sentido que la norma hace objeto a los trabajadores siniestrados de un trato distinto, violando el principio de igualdad ante la ley, (art. 16 CN), al impedirles acceder al régimen de reparación integral que prevé el Código Civil para situaciones análogas a las que lo harían los restantes habitantes del país que fueron víctimas de un daño injusto bajo las mismas circunstancias.
También se violenta las normas de los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de DDHH proclamada por la Resolución 217 de la Asamblea General de la ONU sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica firmado el 22/11/69) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los arts. 2, 4 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales). La ley 24.557 se funda en la mera condición de trabajador dependiente como dato de diferenciación objetiva relevante y suficiente para justificar el trato discriminatorio y excluirlo así –al trabajador y su familia– de la reparación integral del daño que frente a idéntica situación se reconocería al resto de las personas. Que diferentes siniestros que afectan la vida de las personas como el de autos gozan de menor protección se pretende explicar en el diferente tratamiento recibido por los damnificados así, mientras el trabajador dependiente y sus derecho habientes tendrían derecho a la reparación tarifada de la ley de riesgos, aquellos que no están vinculados por un contrato de trabajo podrían acceder al régimen de reparación integral del Código Civil. Con lo cual –se concluye- se confiere trato diferente a situaciones iguales. Igualmente la norma en cuestión violenta el derecho a obtener una reparación tarifada derivado del art. 19 de la Constitución Nacional.
Como señala el Dr. Sagües "...la ley 24.557 se propuso expresamente "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado" (art. 1 inc. b). Esta meta en nada justifica que el dependiente tenga un régimen indemnizatorio reducido (en comparación e el civil) y con pagos fraccionados, daña en lugar de favorecer, la reparación a que alude el citado art. 1 inc. b) de la ley 24.557. Si a ello se suma que la ley no brinda explicaciones sobre la hipotética presencia de un contundente interés público relevante que justificase un tratamiento diferenciatorio (y negativo) para el trabajador, se arribará también a un estado de injusticia que conduce a la declaración de inconstitucionalidad... cabe presumir como inconstitucionales a aquellas normas que impongan trato legal discriminatorio que les cause perjuicio, con relación a los acreedores del derecho común" - (“Críticas a la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557”, Serie Temática 2, Revista del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Colegio de Abogados de Rosario, pág. 120 y ss.)
La referida norma es violatoria del principio "alterum non laedere" fundamento básico de los llamados derechos humanos, que tiene recepción constitucional en el art. 19 de la Constitución Nacional. Se sostiene el principio referido en cuanto prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero y asimismo tras la reforma constitucional en 1994 por conducto del art. 75 inc. 22, en normas de Cartas Internacionales sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica y Convención Americana de DD HH) dicho principio se conecta automáticamente con el art. 17 de la Constitución Nacional que protege la inviolabilidad de la propiedad en sus diversas formas. Es un mérito de ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente haya reconocido que el derecho de daños tiene jerarquía constitucional al señalar que "los arts. 1109 y 1113 del Código Civil consagran el principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero.”
El principio alterum non laedere entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raíz constitucional y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (CS, “Gunter c. Nación Argentina y Luján c. Nación Argentina”, Fallos 308:1109) respectivamente. A partir de la ley 24.557 se restringe y desvirtúa dicho principio y el derecho de la víctima de acceder al resarcimiento integral del daño, se violan derechos constitucionales inspirados en el referido principio.
Igualmente violenta el derecho de propiedad, como consecuencia lógica jurídica de las dos argumentaciones anteriores sobre la ley de riesgos del trabajo vulnera el derecho de propiedad de las victimas y derechohabientes en cuanto les impide acceder a la reparación integral por los bienes dañados (debiendo entenderse por tales también la vida y la salud de los trabajadores) sustituyéndola por el pago de prestaciones que no cubren todas las hipótesis de daños causados posibles y que además son insuficientes en cuanto a los montos previstos. Al efecto nuestra parte deja expresa constancia que el término propiedad definido por el Supremo Tribunal es compresivo de todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo y de su vida y su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciables en dinero alcanzan el nivel de derechos patrimoniales. Y ello comprende el respeto de la propiedad de los créditos reparatorios de la vida de las personas perjudicadas por conductas violatorias del deber de no dañar.
La dispensa de culpa grave que efectúa la ley de riesgos es inconstitucional, al pretender avalar conductas de dolo eventual o de culpa grave como la de los accionados, efectivamente, las demandas deben conducirse conforme a derecho por lo tanto no es válida la limitación de responsabilidad por daños corporales sin equivalencia económica, dado que los individuos deben conducirse conforme sus deberes generales de prudencia y diligencia.
El art. 6 inc. 2 párr, final de la norma citada es inconstitucional en cuanto exime de responsabilidad civil a los empleadores frente a los trabajadores y los derechohabientes por las enfermedades no incluidas en el listado, pues de esta manera se viola el derecho de igualdad ante la ley, e impide el acceso a la justicia violando el art. 18. En consecuencia resulta irrazonable sostener que las enfermedades no contenidas en la lista no pueden ser consideradas resarcibles, resultando inconstitucional la negación del derecho de obtener reparación de un daño que es imputable a una persona, por el hecho de que la misma esté vinculada al damnificado por una relación de dependencia. (del voto del Dr. Capón Filas, en mayoría. El Dr. De la Fuente consideró, en el caso concreto, carente de interés jurídico pues no se había aplicado al acaso la ley 24557 sino la normativa del derecho civil). (C. Nac. Trab. Sala 6º, 08/04/2002 – “Navarro Coca, Rolando v. Kinert S.A y otro s/ Accidente”).
Así se ha expresado: “Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 ley 24.557 en cuanto limita las enfermedades que pueden ser objeto de resarcimiento a través de esta normativa. Ello es así debido a la modificación introducida por el decreto 1278/2000 (art. 2 en la norma mencionada), en virtud de la cual también se considerarán enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo (En el caso, la actora sufría de una dolencia columnaria, enfermedad que al no encontrarse incluida en el decreto 685/1996 lo llevó a plantear la inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 ley 24.557)” (C. Nac. Trab. Sala 1º, 21/04/2005, in re “Acosta, Maria T. V. Bagley S.A. y otro s/ Accidente”).
Es por todo lo dicho precedentemente que sumado a la enorme jurisprudencia que en la materia viene declarando la inconstitucionalidad requerida, es que solicitamos a V.S. la declaración de inconstitucionalidad de los art. 39 inc. 1 y 2 junto al art. 6 de la Ley 24.557 y art. 75 de la LCT (modif. por la ley 24.557) como así también del Dcto. 410/01 y en consecuencia se declare competente para entender en los presentes autos, y ordenar una reparación integral emergente de las enfermedades que padece la actora, previa determinación de su incapacidad laboral y la indemnización que le corresponde, a través de una pericia médica a practicarse al efecto. A todo lo cual deberá sumársele la reparación por el lucro cesante y el daño moral.

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA L.R.T. POR VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Bis, 16, 18 y 19 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL: Listado (art. 6, ap. 2 y Decreto 1278/00)
Siguiendo a Julio Armando Grisolía en su libro “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, pág.712 el mismo expresa lo siguiente: “b) Listado de enfermedades profesionales (art. 6, ap. 2, y 40 ap 2 b)…”. Según la LRT las enfermedades no incluidas en el listado o los hechos que no estén categorizados como súbitos y violentos (art. 6°) NO SON RESARCIDOS.
Esto fue parcialmente corregido por las modificaciones al art. 6°, LRT, introducidas por el decreto 1278/00. La LRT estableció un listado de enfermedades profesionales cerrado confeccionado por el Poder Ejecutivo; esto significaba que aún demostrando acabadamente la vinculación causal entre la mecánica laborativa o el ambiente de trabajo y una afección incapacitante, si esa dolencia no estaba enumerada taxativamente en dicho listado, no era resarcible.
Sostuve, desde la sanción de la LRT que este listado taxativo y cerrado COLISIONABA CON EL ART. 19 CN, al violar el principio de NO DAÑAR, y lesionaba la justicia conmutativa ya que quien persigue su propio interés y daña el derecho de otro, DEBE INDEMNIZARLO.- El empleador, al organizar la empresa para la producción de bienes y servicios, crea una situación de riesgo para los trabajadores y terceros, y, por ende, debe resarcir el daño que puede producirse aún cumpliendo con las normas de higiene y seguridad.
Resultaba MENOSCABADO EL ART. 14 BIS, CN, ya que la pretensión de que se cubra el daño causado al trabajador por una enfermedad vinculada causalmente con el trabajo pero excluida del listado únicamente mediante los beneficios de obra social y seguridad social, como si se tratara de padecimientos ajenos al ámbito laboral, configuraba una deficiente comprensión del texto constitucional.
Violaba además los arts. 16 y 18, CN, que consagran el principio de igualdad jurídica – que todos los habitantes reciban igual trato en circunstancias y condiciones idénticas – y el de igualdad ante la justicia, y los principios (similares) consagrados en las disposiciones de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional por el art. 75, inc. 22,CN.-
Por ende, por un lado, en el listado había enfermedades no incluidas, y por otro, las que están incluidas no lo estaban en cualquier relación causal sino en una relación causal única y predeterminada (por ejemplo, no está contemplada la relación entre altas temperaturas y enfermedad renal).
Lo cierto es que en realidad quedaron fuera del listado muchas enfermedades de origen laboral que desde siempre tuvieron cobertura legal y jurisprudencial. Una importante proporción de las patologías reclamadas por los trabajadores y que se vinculan causalmente con el trabajo desarrollado NO ESTÁN CONSIDERADAS EN EL LISTADO CERRADO de triple columna.
El dec. 1278/00 (BO del 3/1/2001) mejoró relativamente el sistema, por lo cual cabe reiterar varias de las objeciones formuladas precedentemente a la LRT.
A pesar del decreto, subsiste el listado de enfermedades de triple columna y SIGUE SIENDO CERRADO, ya que LA FACULTAD DE LAS COMISIONES MEDICAS DE CONSIDERAR ENFERMEDADES PROFESIONALES A OTRAS NO INCLUIDAS SE CIÑE A CONSIDERAR EN TODO CASO COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL A UNA DOLENCIA SÓLO EN EL CASO CONCRETO Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DEL LISTADO DE ENFERMEDADES.
En realidad todo el procedimiento establecido por la ley (art. 6, ap. 2), decreto 1278/00) es decir el listado taxativo y su modificación por el decreto 1278/00 para poder admitir enfermedades profesionales no incluidas en el listado que hizo el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) es VIOLATORIO de la Carta Magna, ya que: a) desconoce el derecho de igualdad (art. 16 CN); b) la garantía del juez natural y del debido proceso (art. 18 CN); c) lesiona la forma republicana de gobierno (art.1° CN) la división de poderes; d) lesiona la competencia del Poder Judicial, desconociendo el debido proceso; y e) Priva al trabajador de un real acceso a la justicia y viola los pactos Internacionales ya referenciados en otros puntos del presente escrito, violando la modificación de 1994 de nuestra CN.
Veamos todos los trámites que según la LRT tiene que efectuar un trabajador que intenta que se le indemnice una enfermedad profesional no listada:
1.- Ir ante la Comisión Médica Jurisdiccional que seguramente al no estar en el listado su enfermedad, dirá en su dictamen que NO debe indemnizarse
2.- Si el trabajador apela el dictamen la Comisión Médica Jurisdiccional, optando por la Justicia Provincial (poniendo sobre el tapete el fallo de la CSJN in re “Castillo c/ Cerámica Alberdi”) la Comisión Médica Jurisdiccional lo remite a la Comisión Médica Central en lugar de mandarlo a los Juzgados Provinciales.
3.- En caso de ser rechazada la resolución de la pretensión (como también habitualmente en la practica sucede, ya que la Comisión Médica Central NO ADMITE ENFERMEDAD ALGUNA) a fin de poder lograr que la enfermedad no incluida en el listado sea tenida por LABORAL, la LRT otorga una recurso ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, que también SEGURAMENTE LO DESHECHARÁ, pues así también sucede con notable frecuencia.
Cabe acotar que ni la Comisión Médica Jurisdiccional, ni la Comisión Médica Central ni obviamente la Cámara Federal de la Seguridad Social se ocupan en la práctica de investigar la real tarea del reclamante, las condiciones en que se hicieron las mismas y la relación causal entre la patología denunciada y la tarea desarrollada y el ambiente de trabajo, dictaminando en abstracto, sin siquiera ir al lugar de trabajo, sin producirse prueba, sin requerirse la documentación necesaria y que obligadamente debe tener en materia de higiene y seguridad, en cada caso la empresa y la ART.
¿Cómo puede ser que se dictamine (la Comisión Médica Jurisdiccional y la Comisión Médica Central) sin siquiera ver el lugar de trabajo, las condiciones reales de cómo se efectuaron las tareas, el ambiente de trabajo, sin examinar la documentación de Higiene y Seguridad, para el caso concreto?, ¿Cómo y de qué manera la Cámara Federal de la Seguridad Social puede revisar seriamente estos absurdos dictámenes? Obviamente que no revisa nada, con lo cual en la práctica se trata de una evidente denegación de justicia para el trabajador.
El proceso instaurado por la LRT se trata de un verdadero fiasco para el trabajador, quien estando incapacitado, todavía tiene que sufrir afrentas de todo tipo que le cercenan su derecho a ser debidamente reparado, en realidad una verdadera vergüenza.
Afirmamos que la LRT y los decretos que la modifican (debió modificarse por leyes) le dan un total y absoluto manejo al Poder ejecutivo Nacional para incluir o no enfermedades profesionales, modificar la lista, ampliar o limitar su contenido, es decir que la LRT viola la división de poderes en ese sentido y es una clara denegación de justicia y no ofrece garantía alguna.
En conclusión el sistema del listado del art. 6, ap. 2 de la ley 24.557 y el decreto 1278/00, como así también el decreto 410/01 (especialmente del art. 2, apartado 5) que irrazonablemente prevé un único tipo de apelación ante la Comisión Médica Central por la exclusiva circunstancia de tratarse de “enfermedades no incluidas en el listado” (otra, una más, irrazonabilidad y discrimanación de este conglomerado normativo), son a todas luces caprichosos, carentes de fundamento científico y racional, y en la práctica están ligados a la desprotección de los trabajadores siniestrados, una verdadera burla al derecho laboral en general.
También es inconstitucional la modificación de la ley 20.744, en cuanto a la sustitución que hace del texto del art. 75 en el punto 2, ya que nuevamente limita a las enfermedades que sufre el trabajador a causa de la actividad productiva (afecciones de columna, lumbar o cervical, hernias, várices, entre otras), no se encuentran en el listado de patologías indemnizables y dice la ley que estas dolencias “ en ningún caso serán consideradas resarcibles” (art. 6. punto 2). Consecuentemente las ART declinan su responsabilidad, debiendo pasar el trabajador por un sinnúmero de requisitos burocráticos e indignantes tal como se describió ut supra.-


RESPONSABILIDAD POR EL INFORTUNIO LABORAL
La Responsabilidad opera en dos ámbitos:
1.- Por cuanto la patronal incurre en acciones u omisiones que trasgreden el deber genérico de todos los sujetos de no dañar y que rige por el mero hecho de la convivencia social; y
2.- Entre el empleador y la ART, por la inobservancia de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, lo que acredita un nexo adecuado con la conducta omisiva de la patronal que haya permitido el incumplimiento de aquel por aplicación de la figura de delito civil previsto por el art. 1074 del CC.
En éste orden de ideas la reclamación por reparación integral procede: 1) mediante pretensión fundada en el derecho civil (art. 1113 y 1109 del Código Civil) -responsabilidad objetiva del empleador por “actividad riesgosa”- y por consiguiente el planteo de inconstitucionalidad de art. 39 inc. 1 LRT, del art. 46 LRT; 2) ya acudiendo al art. 75 LCT (responsabilidad contractual), que en modo alguno derogó el deber de seguridad, o bien: 3) por imperio de la responsabilidad extracontractual (por la ilicitud sustentada en la conducta violatoria de la norma de Seguridad e Higiene) respecto de la ART. El incumplimiento a los deberes que pesan sobre empleador y aseguradora en hacer cumplir las normas de higiene y seguridad, los hace incurrir en la responsabilidad subjetiva (artículos 512, 1081, 1109 y concordantes del Código Civil).
En definitiva: la acumulación de las responsabilidades posibles se subsumen en el principio de la reparación integral del daño en la medida del máximo daño probado por la víctima.
En otras palabras, no puede quedar una víctima sin reparación, por ello, en la medida en que el sistema hermético y discriminatorio de la LRT viene siendo desactivado a mérito de declaraciones de inconstitucionalidad (SCJBA, in re "Cardelli C/ Ente Adm, del Astillero Rio Santiago", y se pronunció –en diversas oportunidades– la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la LRT, ver DT 2001-B, 1853), por lo que cabe a V.S. utilizar en el sentido armónico y sistemático de los distintos regímenes de responsabilidad, contractual, extracontractual y objetiva, reiniciándose la construcción de un DERECHO DE DAÑOS LABORALES que no guarden para los trabajadores en su calidad de victima un trato peyorativo y represor de su reclamo (CORNAGLIA, Ricardo J., “Aportes para la teoría general de la responsabilidad en el derecho laboral”, DT 2001-B, 1878).
La realización permanente de esfuerzos, la actividad rigurosa hace aplicable al caso las previsiones del art. 1113 del Código Civil sobre daños causados por la "actividad riesgosa" (“riesgo provecho”). Así se produjo una agravación o deformación del riesgo permitido, que resultó ser la causal decisiva en la producción de las enfermedades incapacitantes por deficiencia en la conservación y custodia de la salud del trabajador.
La prevención de riesgos que la ley 24.557 pone en cabeza de las compañías de seguros es una obligacion cuasi-estatal ya que trata nada menos que de la vigilancia y seguridad de los lugares de trabajo. La aseguradora debió poner en marcha para la accionada un Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad de sus trabajadores, indicando al empleador las medidas que debía adoptar para adecuar las condiciones de trabajo a la normativa vigente (articulo 31 inciso 2), teniendo acceso a la información necesaria para cumplir dichas obligaciones y debía controlar el cumplimiento de dicho Plan y denunciar los eventuales incumplimientos de su asegurado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Nada de ello se hizo en el caso de autos, la aseguradora se ha limitado a percibir las sumas derivadas del pago de la póliza, manteniendo las condiciones de trabajo de los dependientes del accionado como siempre lo fueron: sin medida de seguridad ni control alguno.
La total omisión de las obligaciones legales de prevención, seguridad y vigilancia que en cabeza de la A.R.T. pone la ley 24.557, encuadra en los términos del artículo 1074 del Código Civil como susceptible de ocasionar el perjuicio ocurrido y por ende de extenderse la responsabiliad que se demanda en todas sus partes y en forma solidaria (artículos 512, 1081, 1109 y concordantes del Código Civil).
Los accionados han violentado las normas previstas en las leyes 24.557, 24.013, LCT, incumpliendo las normas de higiene y seguridad, no contando la actora con los elementos adecuados para el trabajo que se disponía realizar, es evidente que la conducta de los demandados es dolosa, en lo que hace al "dolo eventual" debiendo haber sido representada tal posibilidad. Al efecto también la responsabilidad de su empleadora surge a partir de las disposiciones contenidas en los art. 62, 63, 65, 75, 76, 87 y concordantes de la LCT.

IV. DERECHO
Fundamos la presente en lo siguiente: art. 14 bis y 75 incs. 12 y 22 de la Constitución Nacional; Arts. 496, 499, 505, 511, 512, 519, 520, 902, 1109, 1113, 1068, 1074, 1081, 1083 del Código Civil que generan el derecho a la reparación de los daños integrales causados por parte de quienes los hayan sufrido, Leyes 24.557 y Dec. Reg. Ley 20.744, 21.297 siguientes y concordantes. Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; Código Procesal Laboral (Ley 7945) y LOPJ Nro. 10.160.

V. RECLAMO
Nuestra parte pretende que La Caja ART S.A. y Pepe S.A. sean condenadas solidariamente a abonar al actor la indemnización integral pertinente por la incapacidad sobreviniente, la cual se estima en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00) o bien lo que en más o en menos surjan de las pruebas a rendirse en autos y lo que disponga el elevado criterio de V.S.
RUBROS RECLAMADOS
1.- DAÑO MATERIAL – INCAPACIDAD FÍSICA: por este rubro, corresponde el valor de reparación de la incapacidad sufrida y padecida por la Sra. Alejandra Garcia: a) Hernia de disco lumbar no operada con presencia de signos clínicos y radiológicos objetivos, la cual se estima en un 15% de la total; c) Incapacidad psicológica, la cual se considera de un 10%.
No obstante, las mismas serán determinadas definitivamente en sus respectivos porcentajes por la pericia médica oficial y demás probanzas que se rendirán en autos y cuya estimación efectuada una incapacidad no inferior al 25% de la total obrera (de acuerdo al sistema “Balthazard"), ya que el trabajador como consecuencia de las afecciones sufridas –no ha de superar nunca más un examen preocupacional– ya sea en el plano social como familiar. En efecto y conforme al desarrollo efectuado solicitamos se condene a la reparación integral y equitativa de los daños y perjuicios sufridos por el actor en cumplimiento específico de sus tareas, debiéndose responder por sus consecuencias inmediatas y mediatas, misnusvalía de la capacidad laboral, reclamándose por éste rubro la suma de …………….) y/o en lo que en más o en menos surjan de las pruebas a rendirse y/o de lo que el elevado criterio de V.S. fije.
2.- REPARACIÓN DEL LUCRO CESANTE – INCAPACIDAD SOBREVINIENTE: Que implica la ganancia de la que se ha visto y se ve privada nuestra mandante con proyección de futuro, tomándose como indicador la concreta reducción de sus posibilidades dado que una persona minusválida, de instrucción media y con 38 años de edad –como es la actora– no podrá competir en el mercado laboral con otra persona sana en igualdad de condiciones, máxime teniendo en cuenta que dicho mercado hoy es muy competitivo, y donde la franja de demanda obrera está dada desde los veintiuno hasta los treinta años de edad. Tanto la doctrina como la jurisprudencia son pacíficas en cuanto admitir que el mentado extremo de edad para calcular el lucro cesante no debe limitarse al de acogimiento de la jubilación ordinaria sino que debe extenderse. Que para la realización de un calculo base debemos partir del salario mensual que percibía el actor al tiempo del distracto, que en el presente caso ascendía a la suma aproximada de pesos novecientos veintiseis ($926.-), como Ingreso Base, lo que se multiplicará por los años que le restan para jubilarse (22 años) y se reducirá con el porcentaje de incapacidad determinado (25%), que irá decreciendo en forma proporcional a lo que signifiquen las tareas posibles de realizar por el actor conforme pericia médica, ya que la misma desde el distracto (y por la incapacidad que tiene) no pudo volver a conseguir trabajo, pero de hallarlo ya no podrá hacer la misma labor a la que estaba acostumbrada, por no contar con el mismo nivel de tolerancia que tenía antes. Consecuentemente, este rubro se estima provisoriamente en PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) y queda sujeto a lo que surja de la pericia médica respecto de los trabajos que en adelante podrá realizar el actor, en un todo de acuerdo con lo que el elevado criterio de V.S. fije.
3.- DAÑO MORAL: Este aspecto de los daños y perjuicios ciertos y sufridos por la demandante se traducen en padecimientos y dolores que ha de sufrir a raíz del daño generado. La severa sintomatología dolorosa, la sensibilidad, la limitación de movimientos y la pérdida de la fuerza causada por las afecciones, la angustia y depresión que padece, también es objeto del presente reclamo, ya que provocan en el actor una aflicción y un notorio menoscabo espiritual, que repercute incluso en su vida social y en la desasosiego de saberse sin trabajo e imposibilitado para buscarlo atento a su dolencia, siendo él único sostén, no sabiendo cuando va a volver a conseguirlo, y con innumerables interrogantes, todo ello provoca al actor una gran angustia espiritual.
La jurisprudencia ha dicho “En principio el daño moral sufrido por el trabajador que padece una enfermedad accidente con incapacidad definitiva no requiere demostración específica, ya que se presume por el solo hecho de la acción antijurídica.” (CNTrab., Sala VI, 21.02.1983 ¬ “Carabajal, Rafael A. c. San Sebastián, S. A.”, DT, 1983¬B, 1053). En otro caso: "El daño moral no requiere prueba pues los padecimientos que trata de reparar, residen en lo más íntimo del alma humana" (CNAT, Sala II, 19.05.1986), "Rivero, Norma B. C Frig. Minguillón S.A.", Capetas DT, 3164).
Por éste rubro se reclama la suma de…………… y/o en lo que en más o en menos surjan de las pruebas a rendirse y/o de lo que el elevado criterio de V.S. fije.
4.- INTERESES: se reclama la tasa de interés activa sumada que cobra el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días los que correrán desde la mora hasta el efectivo pago de las prestaciones reclamadas.
VI. OFRECE PRUEBAS
a.- CONFESIONAL:
Para que los Presidentes de Directorio de PEPE S.A. y de LA CAJA ART S.A., absuelvan posiciones bajo apercibimientos del art. 66 ss y cc del CPL, a tenor del pliego abierto, haciéndose expresa reserva de ampliarlo en la audiencia respectiva 1) Jure como es cierto que adeuda lo reclamado en autos.

b.- DOCUMENTAL:


c.- RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTAL:
A cargo de todos y cada uno de los emisores de los documentos ofrecidos, en la audiencia que se designe a tales fines, subsidiariamente y para el caso de desconocimiento dejamos ofrecida prueba pericial caligráfica.
d.- DOCUMENTAL INTIMATIVA EN PODER DE:

VII. RESERVA CUESTION CONSTITUCIONAL
Para el supuesto que se dicte sentencia no haciendo lugar a la demanda se habrá violado diversas garantías constitucionales: derecho de propiedad, la igualdad de las partes, debido proceso, condiciones dignas y equitativas de labor, beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, juez natural, entre otros, por lo que dicha sentencia sería arbitraria e inconstitucional. Es por ello que se deja planteada la cuestión constitucional, introduciéndola al debate en tiempo y forma, a fin de poder interponer eventualmente los Recursos Extraordinarios por ante la Corte Suprema de Justicia de la Pcia. y de la Nación.

VIII. PETITORIO
Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
1.- Me tenga por presentada, en el carácter invocado y acreditado a mérito del poder especial acompañado, con domicilio procesal constituido.
2.- Tenga por aceptada la competencia de la justicia provincial.
3.- Tenga por iniciada DEMANDA POR COBRO DE PESOS fundada en la INCAPACIDAD LABORAL, por medio de la cual se solicita una reparación integral contra PEPE S.A. y contra LA CAJA ART S.A. y por SOLICITADA LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 24.557 en sus arts. 21, 39, 46 y del Decreto 410/01; consecuentemente se cite a las demandadas a los fines que comparezcan a estar a derecho, contesten demanda y ofrezcan prueba bajo los apercibimientos de ley.
4.- Imprima al presente el trámite ordinario del Código Procesal Laboral.
5.- Tenga por ofrecida la prueba de mi parte, sin perjuicio de su oportuna ampliación en la oportunidad correspondiente.
6- Se reserve en secretaría un sobre con documental y se agreguen fotocopias en autos. Asimismo y en cuanto a los originales mencionados en el punto VI, b, 1, 2 y 4 se remita al cargo 536 en los autos caratulados “Garcia Alejandra c/ Pepe S.A. s/ demanda laboral” Expte Nº amita ante el Juzgado Laboral 1º Nominación .-
8- Se tenga por ofrecida como prueba instrumental el expediente “Garcia Alejandra c/ Pepe S.A. s/ demanda laboral” Expte Nº ” que tramita ante el Juzgado Laboral 1º Nominación a
7.- Se intime a los demandados a exhibir los recaudos laborales enumerados en la prueba intimativa, en la audiencia del art. 51 ley 7945 todo bajo apercibimientos de ley.
8.- Declare la naturaleza laboral de las enfermedades precitadas y previo trámite de rigor, fije incapacidad real, teniendo presente el planteo de inconstitucionalidad efectuado.
9.- Tenga presente la reserva de la cuestión constitucional efectuada.
10.- Oportunamente se haga lugar a la presente demanda en todos sus términos y se condene a los accionados a abonar a la actora los rubros reclamados con más los correspondientes, intereses y costas.

Proveer de Conformidad. SERÁ JUSTICIA.

Carla Natalia Comini
Novel

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